La amenaza a los derechos de los pueblos étnicos sigue en el año de 2016 en Brasil

La amenaza a los derechos de los pueblos étnicos sigue en el año de 2016 en Brasil

Liana Amin Lima*

El año de 2015 terminó para los pueblos étnicos de Brasil con la participación de líderes y lideresas en la COP-21 en Paris, donde denunciaron las contradicciones del gobierno brasileño en la articulación del Acuerdo del Clima. Brasil no está haciendo su “deber de casa” en relación con la conservación de las áreas protegidas (resguardos indígenas, territorios colectivos y unidades de conservación) frente a las violaciones de derechos por la construcción de hidroeléctricas en la región amazónica. Igualmente, denunciaron los recientes retrocesos legislativos, entre ellos, la promulgación de la nueva Ley de Acceso y Uso del Patrimonio Genético y Conocimientos Tradicionales (Ley n. 13.123, de 20 de mayo de 2015) que reglamenta el Convenio sobre la Diversidad Biológica. La promulgación de esta ley se hizo sin el consentimiento previo, libre e informado, violando dicha garantía constitucional en perjuicio de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales.

El derecho originario de los pueblos indígenas sobre las tierras que tradicionalmente ocupan está consagrado en el artículo 231 de la Constitución Federal brasileña. El artículo 68 de sus Disposiciones Constitucionales Transitorias reconoce expresamente los derechos de las comunidades negras autodenominadas “quilombolas” a la propiedad permanente de las tierras que ocupan. Pese a las referidas garantías constitucionales, el Congreso Nacional (Senado y Cámara de Diputados) tramita una Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC 215) con el objeto de cambiar la competencia para la demarcación y titulación de tierras indígenas y quilombolas que es exclusiva del Poder Ejecutivo. Los procesos administrativos de demarcación y titulación son competencia de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), para tierras indígenas y quilombolas respectivamente. Con la propuesta de enmienda constitucional, el Legislativo busca tener la última palabra en materia de homologación de la demarcación de tierras. Adicionalmente, se dispone que el Congreso podrá revisar las demarcaciones y titulaciones ya hechas, lo que significa un riesgo de diminución de las tierras ya reconocidas por el Estado.

En los espacios políticos, las fuerzas conservadoras oligárquicas han logrado cambios legislativos que representan retrocesos en materia de derechos humanos de mujeres, derechos de las personas LGBTI y de grupos étnicos. En la Legislatura actual (2015/2018), del total de 513 Diputados, 257 (51%) conforman el Frente Parlamentar de la Agropecuaria, llamada también “Bancada Ruralista”, que junto con la “Bancada Evangélica” defienden la siembra de granos transgénicos, los monocultivos y la utilización de las áreas protegidas para mega proyectos extractivos, así como represas y vías de transporte. No hay todavía en Brasil una circunscripción nacional especial para comunidades indígenas y negras que confiera a los pueblos étnicos alguna representatividad política.

En el Poder Judicial tampoco hay avances significativos. En la demanda constitucional sobre la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, el Supremo Tribunal Federal (STF) estableció 19 restricciones al derecho de usufructo exclusivo de los recursos naturales, derecho de autodeterminación y derecho a la consulta previa, libre e informada. Dicha decisión establece también un marco temporal para la verificación de la posesión territorial, con base en la fecha de promulgación de la Constitución Federal (5 de octubre 1988), con fines de demarcación y titulación de las tierras de pueblos indígenas. Amparado en esta jurisprudencia, el Legislativo ha buscado incluir el criterio del marco temporal en la Propuesta de Emenda Constitucional (PEC 215), lo que podría implicar una afronta a los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas.

La deconstrucción jurídica del referido criterio pasa por entender que los derechos originarios de los pueblos étnicos están relacionados con sus derechos a la vida, la existencia y la integridad física, cultural y espiritual. El derecho al territorio es congénito a la aparición o el nacimiento de las propias comunidades. Con las “Mobilizaciones Nacionales Indígenas y Quilombolas” coordinadas por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y la Coordinación Nacional de la Articulación de las Comunidades Negras Quilombolas (CONAQ), los pueblos étnicos de Brasil rechazaron la PEC 215, reivindicando el derecho de participación y de consulta previa en los actos legislativos que los afecten.

Negar el derecho originario a la tierra es negar el derecho a la existencia de estos pueblos y comunidades, manteniéndolos en la invisibilidad, mientras la Constitución de 1988 trató de llevarlos a la visibilidad política y jurídica. Los derechos étnicos son derechos fundamentales y como tales deben ser interpretados como “cláusulas pétreas” constitucionales. La PEC 215 amenaza los derechos garantizados por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Notas de fin de año:
– El 30 de Diciembre un niño de la etnia Kaingang (Vítor Pinto, 02 años) fue brutalmente asesinado en la ciudad de Imbituba, Santa Catarina. Fuente: CIMI, 31 de diciembre de 2015. Disponible aquí
– El 29 de diciembre la Presidenta de la República vetó el proyecto de ley Nº 5.954 de 2013 que tenía como objeto alterar la Ley de Directrices de la Educación Nacional. La Presidenta vetó el artículo que reconocía la diversidad lingüística y las particularidades de los pueblos indígenas en la enseñanza superior y procesos de evaluación educativa. Disponible aquí
– El 21 de diciembre, después de 4 años de haber recibido la denuncia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio trámite al caso de la represa de Belo Monte que afecta los pueblos indígenas de la cuenca del río Xingu. Disponible aquí
– El 15 al 17 de Diciembre de 2015 se llevó a cabo en Brasilia la “1ª.Conferencia Nacional de Política Indigenista”. En la apertura de la conferencia, la Presidenta de la República, Dilma Rousseff, reafirmó la posición del Gobierno federal contraria a la PEC 215, en el sentido que esta propuesta retira poderes del Ejecutivo en materia de demarcación de las tierras indígenas. Disponible aquí

El racismo y etnocidio sigue en Brasil. La lucha por la supervivencia física y cultural de los pueblos étnicos también.

*Abogada especialista en Derecho de los Pueblos Indígenas y Comunidades Negras. Candidata a Doctorado en Derecho Socioambiental por la Pontifícia Universidad Católica de Paraná, Brasil.

Fonte: Blog de la Fundación para el Debido Proceso